Esta semana no sólo ha muerto Salvador Franco, el último indígena pemón asesinado por la dictadura chavista. También ha muerto la forma de vida ancestral del pueblo pemón y su trabajo milenario como guardianes de la Gran Sabana y del Salto Ángel, de las cascadas y de la selva y la sabana.
Salvador Franco fue encarcelado por un levantamiento indígena en contra de una base militar en la Gran Sabana en 2019. Los pemones, un pueblo que desconoce el miedo, se enfrentaron a los militares a quienes acusan de envenenar sus ríos, y llevarles la muerte y la destrucción del negocio de la minería ilegal, la nueva fuente de ingresos de los jerarcas chavistas.
Salvador Franco y sus compañeros alzados contra el chavismo han sido sometidos al peor de los castigos en Venezuela: a compartir celdas en cárceles insalubres y sin alimentación con asesinos y presos comunes, con los pranes que también participan en el negocio de la explotación del oro. Franco sufría un grave deterioro de su salud producto de las condiciones de la cárcel pero fue sentenciado por el sistema chavista.
Los tribunales, poco sospechosos de ser ecuánimes y democráticos, decretaron que Franco necesitaba atención médica urgente. Pero el chavismo no obedece ni a los tribunales que controla. Las órdenes de excarcelación tampoco son cumplidas. Y mucho menos una medida judicial que pueda proteger la salud de un enemigo de la nueva dictadura: la del oro.
Es la nueva ley de la selva chavista. Todo por el oro. Todo por la supervivencia de un régimen hambreador que no tiene reparos en llenar ríos de mercurio y sembrar el terror en los pueblos indígenas mientras los expulsa y los destierra y saquea las últimas y las más recónditas riquezas de Venezuela.
